En la primera entrega del presente artículo, publicado en la edición 22 del mes de mayo de la Revista Planeación y Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación titulado ¿Cómo planeamos para el Cambio? Innovando en la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del DNP[1], se dejó clara la necesidad de innovar en lo público para actuar frente a la crisis civilizatoria, explorando caminos de profundización democrática. Además, se detallaron las tareas de apertura de la democracia y el papel de la innovación pública asumidas por el Gobierno del Cambio para el desarrollo de políticas orientadas a la garantía de derechos fundamentales y a la transformación de las exclusiones y desigualdades históricas.
Así, en la primera entrega se describieron los procesos que, desde la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz (DGDHP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se orientan hacia ese horizonte, más específicamente, sobre la construcción de los documentos CONPES de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento y de Mejora Normativa. Se mostró que ambos CONPES son experiencias de innovación pública para el Cambio, ya que activaron procesos de participación ciudadana y comunitaria, incluyeron las propuestas surgidas de los espacios convocados y se nutren de orientaciones conceptuales novedosas para la garantía de derechos, el cierre de brechas y la transformación territorial. En suma, los procesos buscan transformar las maneras de hacer la política pública para la apertura democrática en Colombia.
Para completar la descripción expuesta, en esta segunda parte se ahonda sobre el tercer caso: el CONPES Indígena-Amazónico: Políticas para la Vida como práctica de innovación pública y se presentan reflexiones finales, en clave de retos.
CONPES Indígena-Amazónico: Políticas para la Vida
La Amazonía colombiana es un territorio biodiverso, poblado por 64 pueblos indígenas originarios que ha sufrido históricamente las exclusiones y desigualdades de la construcción del Estado colombiano. Aunque diversas disposiciones normativas y judiciales han orientado la urgencia de atender la situación existente, han sido insuficientes para responder los factores de depredación y explotación indiscriminada de las poblaciones y del territorio amazónico.
Particularmente, los pueblos indígenas han sido víctimas del modelo de desarrollo hegemónico, que ha visto la Amazonia solo como una fuente de recursos y de riquezas ambientales. Como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SCT-4360 de 2018, la Amazonia colombiana es un sujeto de derechos, que debe ser protegida en tanto entidad viviente y compleja, poblada por diferentes formas de vida que gobiernan y organizan el territorio.
Producto de la movilización de los pueblos amazónicos por la lucha por su reconocimiento y su autonomía, el Decreto 3012 de 2005 creó la Mesa Regional Amazónica para los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (MRA), para hacerla un espacio de concertación entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas, dedicada a la recomendación de políticas públicas de desarrollo sostenible para la Amazonia. Si bien el decreto estableció que la MRA elaboraría un documento CONPES para el desarrollo de la Amazonía, solo sería hasta 2023 cuando se dio vía libre a dicha disposición. En la sesión 68 de la MRA, se acordó que el DNP garantizaría el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas amazónicos para su desarrollo.
Este último procedimiento se desarrolló en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo y Caquetá, en un trabajo conjunto entre la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y el Grupo de Asuntos Étnicos del DNP. Así, la OPIAC y su equipo técnico prepararon un insumo conceptual y de diagnóstico de las problemáticas de la región; se activó una dinámica de concertación, de diálogo y de trabajo conjunto, para la conversión de este diagnóstico y de las propuestas en el denominado “lenguaje técnico” de un documento CONPES.
Dicha dinámica política de diálogo y el reconocimiento político entre el Gobierno nacional, representado por el DNP, y las autoridades de la OPIAC ha optado por la idea de armonización de los conceptos y de las acciones. Ello implica respetar en la medida de lo posible y en las condiciones institucionales del Estado colombiano lo señalado por los pueblos indígenas en los instrumentos y en la posterior concertación de acciones con el resto de las entidades del Gobierno nacional.
[1] Disponible en: https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/como-planeamos-para-el-cambio-innovando-en-direccion-gobierno-derechos-humanos-paz-dnp.aspx
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