Bogotá, 5 de junio de 2023 (@DNP_Colombia). Ordenar el territorio alrededor del agua, contener la deforestación, avanzar en la descarbonización y en la construcción de resiliencia climática son algunas de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. A través de este instrumento rector de la planeación, el Gobierno plantea estrategias y acciones intersectoriales, para promover la economía forestal, a fin de cambiar el enfoque y contener la deforestación; fortalecer la gobernanza territorial para la gestión del agua; mejorar la transparencia en los mercados de carbono, y adaptarse al cambio climático, para, entre otras medidas que llevarán a Colombia a ser una potencia mundial de la vida.
Una de las iniciativas más importantes aprobadas por el Congreso de la República, tiene que ver con las concesiones forestales, instrumento que será coordinado por el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Su objetivo es permitir que las organizaciones y familias campesinas y las asociaciones de mujeres campesinas con arraigo territorial y cultural de las áreas en reserva forestal (de ley 2da de 1959), desarrollen procesos de conservación, uso y manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad, lo que impactará los motores de la deforestación.
Sumado a esto, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF) contará con nuevos miembros, entre ellos, el sector agricultura, salud, relaciones exteriores, energía y transporte, así como el cambio explícito del enfoque para contener la deforestación.
Por otra parte, los Consejos Territoriales del Agua, fortalecerán la gobernanza principalmente en 13 territorios estratégicos, mejorando la articulación entre los niveles de gobierno, el sector privado y las comunidades. Así mismo, se enriquecerá la política de conservación de ecosistemas estratégicos con Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en donde participarán comparecientes ante Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes desarrollarán acciones de preservación y restauración como medidas de reparación a las víctimas del conflicto, quienes se beneficiarán al recibir el incentivo por estas acciones que desarrollarán en sus predios y en aquellos de dominio público donde tengan arraigo cultural y territorial.
“Para el Gobierno, ordenar el territorio alrededor del agua, proteger los ecosistemas y usar sosteniblemente nuestra biodiversidad son claves para gestionar los conflictos en el territorio y hacer frente a la crisis climática de la que somos muy vulnerables como país; es una tarea que no da espera, pues de esto también depende el futuro de la humanidad. Trabajaremos durante los próximos 4 años para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, para que, de la mano con las comunidades, organizaciones, empresas y autoridades locales y departamentales, logremos justicia ambiental en Colombia”, destacó Carolina Díaz Giraldo, directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.
Como medida para enfrentar la crisis climática, dentro del PND se aprobó la primera estrategia nacional de coordinación para la adaptación al cambio climático de los asentamientos y reasentamientos humanos, la cual tendrá la participación de diferentes actores del Gobierno nacional y territorial; será integral y aportará a consolidar territorios más seguros, fortaleciendo el control urbanístico para garantizar que no se sigan construyendo condiciones de riesgo ante futuros desastres.
Además, otra de las grandes apuestas del Gobierno es garantizar la transparencia de los mercados de carbono con el ajuste al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (RENARE), que será el sistema a través del cual el país tendrá trazabilidad y registro de las iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y salvaguardará los derechos y beneficios de las comunidades.
Todas estas medidas aportarán a transitar a territorios productivos y competitivos compatibles con la protección de la naturaleza, que aprovechen sosteniblemente los bosques y la biodiversidad y que permitirán materializar la justicia social y climática para contribuir a la construcción de la paz total.