Entre enero y abril del año 2025, la Defensoría del Pueblo ha documentado al menos 13 transfeminicidios en todo el país. Se registraron También 123 feminicidios, 79 tentativas de homicidio y 19 asesinatos contra personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa (OSIEGD) y sectores de población de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y
queer (LGBTIQ+) (Defensoría del Pueblo, 2025). Hace tan solo un mes –abril– el país se consternó con el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue brutalmente agredida y arrojada, mientras aún estaba viva, la quebrada
La Loca, en el municipio de Bello, Antioquia. Este hecho atroz, así como los otros 12 asesinatos de mujeres trans en el país, evidencia de manera contundente y cruel la preocupante realidad de las violencias por prejuicio a las que se enfrenta la población LGBTIQ+ en Colombia.
Las violencias por prejuicio han sido definidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015) como una categoría analítica que permite comprenderlas como un fenómeno social, más allá del entendimiento de estos casos como hechos aislados. Esta categoría de violencias por prejuicio permite entender de una forma más amplia que
estos hechos de violencia responden a justificaciones de reacciones negativas frente a expresiones relacionadas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (CIDH, 2015). En otras palabras, estas violencias están motivadas específicamente por valoraciones negativas por parte de los victimarios hacia las víctimas en razón de su pertenencia a un grupo poblacional determinado (Caribe Afirmativo, 2019). Como en el caso de Sara Millerey, estos hechos de violencia por prejuicio muestran sistematicidad y muchas veces sevicia en su ejecución, lo que pone en evidencia manifiesta la intención de daño, corrección o disciplinamiento (Caribe Afirmativo, 2021).
En Colombia, lamentablemente, persisten las violencias asociadas a estructuras de discriminación y prejuicios hacia personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, así como persisten también las barreras económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas que impiden la garantía plena de los derechos de la población LGBTIQ+. Estas problemáticas son abordadas en el Documento CONPES 4147, el cual materializa la Política Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, reconociendo así que el Estado tiene la obligación de proteger a esta población de la discriminación y sus efectos tanto materiales como simbólicos, así como la obligación de plantear soluciones concretas ante los mismos.
La Política Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, que fue aprobada el pasado 26 de marzo de 2025, tiene un horizonte de once años para su implementación y cuenta con 162 acciones en su
Plan de Acción y Seguimiento (PAS). En el marco de elaboración de esta política pública se formuló un diagnóstico participativo en el que se presentaron las principales problemáticas asociadas a una estructura social, cultural y económica que históricamente ha segregado y excluido a las personas LGBTIQ+ de la garantía plena de sus derechos y las ha puesto en una situación de vulnerabilidad. Entre estas problemáticas se destaca, especialmente, la existencia de representaciones sociales, narrativas, símbolos e imaginarios discriminatorios hacía la población LGBTIQ+; las inequidades en el acceso a oportunidades para el goce efectivo de los derechos sociales y económicos de la población LGBTIQ+; las insuficientes medidas para prevenir, atender, sancionar y reparar de manera interseccional hechos de violencias por prejuicio en contra de la población LGBTIQ+; la insuficiente articulación y coordinación interinstitucional por parte de las entidades nacionales para la garantía del goce efectivo de los derechos de la población LGBTIQ+; y la baja comprensión sobre la transversalización del enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género No Hegemónicas (OSIGNH) desde una perspectiva interseccional. Este diagnóstico surgió de la identificación de necesidades y problemáticas de la población LGBTIQ+ a través de encuentros regionales en las cinco regiones –Amazonía, Andina, Caribe e Insular, Orinoquía, y Pacífico– del país realizados en el año 2023 por la Vicepresidencia de la República y aborda cuatro grandes temas: (1) representaciones sociales discriminatorias; (2) inequidades en acceso a derechos; (3) violencias por prejuicio; y (4) insuficiente articulación interinstitucional.
La aprobación de la Política Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+ era una deuda histórica del país con todas las personas de estos sectores que han visto vulnerados sus derechos y que, durante más de una década, desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, han recorrido un camino arduo y complejo en la búsqueda del acceso efectivo a una ciudadanía plena y segura. En esta política nacional, como resultado de las mesas de concertación con 49 entidades de orden nacional —entre ellas, entidades de la Rama Judicial— se logró obtener un PAS consolidado con 162 acciones en el que se establecen de forma detallada las entidades responsables de la ejecución de cada una de estas acciones, los tiempos de ejecución, los indicadores de cumplimiento y su financiamiento. Además, es importante destacar el carácter intersectorial del Documento CONPES 4147, debido a que es el resultado de espacios de coordinación interinstitucional[1] e intersectorial para diseñar y ejecutar estrategias específicas para las personas de la población LGBTIQ+.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que esta política nacional es solo el inicio de un camino largo por recorrer en el establecimiento de garantías plenas para los derechos de la población LGBTIQ+ y reconociendo que su adecuada implementación se enfrenta a distintas barreras sociales, políticas, culturales y económicas, la Política Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+ contempla, de forma complementaria, involucrar un proceso de seguimiento participativo. Esta metodología tiene como propósito informar a la ciudadanía sobre el avance de las acciones del Documento CONPES y proporcionar un espacio de participación para identificar alertas y oportunidades de mejora que les permitan a las entidades responsables el cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos. Con la implementación de esta metodología se espera que la participación por parte de las organizaciones de la población LGBTIQ+ contribuya a la identificación de las áreas de avance y los puntos de estancamiento en la ejecución de las acciones contempladas en el
Plan de Acción y Seguimiento (PAS) de la política. Además, es importante destacar que esta nueva metodología permitirá la participación de la población LGBTIQ+ en el seguimiento del avance de las acciones del Documento CONPES 4147 a través de un espacio de socialización y un instrumento de participación ciudadana. Esto generará un escenario en el que la ciudadanía pueda revisar y comentar la información relacionada con los avances en la implementación de la política, así como su nivel de satisfacción frente a ellos.
Finalmente, es importante destacar que en cumplimiento de la misión constitucional de promoción, defensa y protección de los derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación como ente de vigilancia y control junto con la Defensoría del Pueblo, realizarán seguimiento a la implementación durante los once años en que está contemplada la política para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ y su respectivo PAS. La aprobación de esta política de carácter nacional es un hito para la atención de los problemas de un grupo poblacional que históricamente ha sido vulnerado, y en esa misma línea, es un hito para el reconocimiento de las personas LGBTIQ+ como sujetos, individuales y colectivos que aportan a la construcción de una sociedad diversa y equitativa, en la que es imperativo contar con las condiciones adecuadas de bienestar para el desarrollo humano de toda su población.
[1] En el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) del Documento CONPES 4147 participan 49 entidades de orden nacional, entre las que se se destacan: Ministerio de Igualdad y Equidad; Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio del Deporte; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Transporte; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asimismo, varias acciones serán lideradas por otras entidades nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Departamento Administrativo de la Función Pública; el Departamento Nacional de Planeación; la Agencia de Desarrollo Rural; la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Referencias bibliográficas
- Caribe Afirmativo. (2018).
Contra la Pared Situación de derechos humanos de las personas LGBT en el Caribe colombiano 2009-2019.
- Caribe Afirmativo. (2021).
Entre silencios y palabras. Libro I. Factores de persistencia de las violencias contra personas LGBT.
- Caribe Afirmativo. (2021).
Entre silencios y palabras. Libro IV. Impactos de las violencias, conclusiones y recomendaciones.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015).
Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América. CIDH. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
- Defensoría del Pueblo. (2025).
Preocupante panorama de violencia en Colombia en los primeros cuatro meses de 2025.