El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
“Colombia, Potencia Mundial de la Vida” estructuró cinco transformaciones que buscan superar la mirada sectorial e integrar los esfuerzos colectivos y dar cumplimiento a las grandes apuestas de país, a saber: (1) Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua y Justicia Ambiental; (2) Seguridad Humana y Justicia Social; (3) Derecho Humano a la Alimentación; (4) Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática; y (5) Convergencia regional (DNP, 2023).
Desde dicha perspectiva, y dado que en el país persisten rezagos históricos en cuanto a la garantía de derechos relacionados con el acceso al agua y el saneamiento básico, atenderlos con justicia social y ambiental se constituye en componente transversal y esencial para avanzar en el cierre de brechas sociales en los territorios históricamente excluidos, que limitan su desarrollo.
En particular, el Gobierno nacional identificó a
Buenaventura, Quibdó, Tumaco, la Media y la Alta Guajira como territorios prioritarios de inversión para el cierre de brechas, entre ellos, en cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos, en los que, si bien desde hace ya varios años se han orientado esfuerzos, persisten obstáculos que limitan la planificación y el cumplimiento de metas. En consecuencia, garantizar a la población el acceso a agua para consumo humano y el saneamiento básico en dichos territorios se convirtió en uno de los principales legados que el Gobierno espera dejar al país.
Como parte del proceso para la implementación del PND 2022-2026, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que entre sus principales funciones tiene la de coordinar y apoyar la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores clave del desarrollo nacional que requieren inversión y planificación estratégica, realizó un proceso de análisis que identificó las principales explicaciones de dichos obstáculos: la atomización de esfuerzos y recursos desde los diferentes niveles de gobierno, las limitadas capacidades territoriales, la escasa disponibilidad de proyectos de inversión estructurados que cuenten con concepto técnico favorable parte de la cabeza del sector y el lento avance en la ejecución de obras.
Por esa razón, con el liderazgo del director Alexander López y dentro de las competencias del DNP, en octubre de 2024, se convocaron mesas de trabajo para articular institucionalmente a los actores nacionales, regionales y territoriales relacionados con la prestación servicios públicos, espacio que fue denominado
Gerencia de Proyectos Estratégicos de Agua y Saneamiento Básico.
Esta instancia, que funciona como un espacio de articulación y planificación convergente entre entidades del Gobierno nacional y territorial, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda), el Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), las empresas prestadoras, alcaldías y gobernaciones, se concibe como un mecanismo interinstitucional que facilita la toma de decisiones, al tiempo que optimiza la gestión y ejecución efectiva de las obras necesarias para avanzar en la garantía del derecho al acceso de agua y saneamiento básico en los territorios prioritarios de intervención.
Las mesas llevan a cabo un proceso riguroso de debida diligencia para diagnosticar las condiciones actuales de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, las dinámicas sociales y ambientales que afectan la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico.
La mesa se instaló como un espacio de alto nivel para la articulación técnica e institucional entre los actores involucrados en la solución integral de acceso a agua potable y saneamiento de la población en los territorios priorizados como legado de gobierno. Se resaltan los siguientes propósitos específicos:
- Propender por el uso de información que permita un diagnóstico común en torno al estado del arte de la prestación y operación de los sistemas en cada territorio.
- Identificar las iniciativas en curso para atender los requerimientos de la población. Esto es, proyectos de infraestructura tanto de preinversión como de inversión en los diferentes momentos de formulación y ejecución.
- Facilitar acuerdos centrados en la identificación de las acciones prioritarias para favorecer la operatividad y el correcto funcionamiento de los sistemas y sus componentes.
- Aportar a la construcción de una hoja de ruta para las diferentes acciones requeridas en clave de asegurar el cumplimiento del legado de gobierno. Entre ellas, la puesta en marcha de una estrategia para usar recursos de vigencias futuras en el financiamiento de la construcción de la infraestructura identificada como prioritaria.
- Favorecer un seguimiento estratégico de los compromisos adquiridos por los diferentes actores.
- Aportar insumos a la toma de decisiones de política pública, así como de los diferentes instrumentos que permitan su implementación.
En 2024, se llevaron a cabo siete mesas técnicas convocadas desde el 15 de octubre hasta el 27 de noviembre en las que se abordaron las siguientes actividades: (1) el análisis del contexto de operación del servicio en cada territorio; (2) la construcción de una base de datos de proyectos de preinversión e inversión detallando su madurez frente al ciclo de vida del proyecto, su estado actual, costos, financiación, beneficiarios, entre otra información y (3) la identificación preliminar de proyectos sin financiación o con financiación parcial, cuya estructuración ya estuviera completa o con alta probabilidad de estar finalizada en el primer semestre de 2025. Lo anterior, con el ánimo de identificar su importancia y condición técnica para ser incluidos en una declaratoria de importancia estratégica (CONPES DIE) y asegurar su financiación a través de vigencias futuras.
Además, se adelantaron visitas técnicas a Quibdó (25 de noviembre), Tumaco (5 de diciembre) y Buenaventura (12 de diciembre). En su curso, se hizo un reconocimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado para verificar su estado actual, proyectos en ejecución; en compañía de las empresas prestadoras del servicio y ejecutores de los proyectos de inversión, alcaldías, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), gestores de los planes departamentales de agua (PDA), el Fondo Todos Somos PAZcífico (FTSP) y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Las mesas se retomaron en 2025, y se incluyeron otros territorios con acciones priorizadas en el PND 2022-2026, tales como Amazonas, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, para los que se surtió el mismo proceso conjunto de identificación, caracterización y depuración de proyectos de inversión estratégicos, estructurados o próximos a concluir su estructuración.
Principales resultados
El proceso adelantado por la instancia de
Gerencia de Proyectos ha permitido obtener los siguientes productos: (1) la caracterización integral del problema de acceso a agua y saneamiento básico para cada uno de los territorios priorizados; (2) la identificación de actores nacionales, regionales y territoriales de incidencia en la gestión de los servicios públicos; (3) claridad sobre el estado de ejecución de las obras; (4) la recopilación de información sobre proyectos estructurados existentes, su estado, aporte frente indicadores de cobertura, calidad y continuidad y cuellos de botella para su ejecución; (5) la identificación de necesidades de estructuración de nuevos proyectos; (6) el balance de la gestión de las empresas prestadoras de servicios; y (7) concertación de proyectos prioritarios de inversión.
Estos resultados sirven de base para diseñar una solución integral que contempla la gestión de recursos dirigida a la estructuración de proyectos de importancia territorial, la estructuración de una estrategia de vigencias futuras para financiar proyectos sin recursos de inversión, y el diseño de un mecanismo institucional de cogestión territorial para la sostenibilidad de la operación de los servicios.
Líneas de trabajo de cara al futuro
Una línea de trabajo a corto plazo debe contemplar la estructuración de los proyectos de inversión en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto, con el propósito de materializar la formulación de las ideas que hacen parte de la solución integral de acceso a agua potable y saneamiento básico (APSB) para los territorios.
Como resultado de las mesas interinstitucionales realizadas, se ha hecho evidente la fragmentación institucional de los procesos de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de APSB. Por lo tanto, la mesa está llamada a aportar en la construcción de un marco de planeación y gestión integral del sector, tanto en el nivel nacional como en el regional, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público en los territorios, lo cual cobra mayor relevancia en virtud de la nueva Ley de Competencias[1].
De esta manera, la instancia de gerencia puede consolidarse como una estrategia institucional del Gobierno que permita identificar de manera efectiva las necesidades de planeación estratégica, fomente el uso eficiente de los recursos y promueva acciones orientadas a apalancar nuevas fuentes y mecanismos de financiación para el sector de agua y saneamiento básico. Además, representa una oportunidad para alinear los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial tanto regional como municipal con la apuesta del Gobierno de reconocer al recurso hídrico como factor estructurante territorial, tal cual se establece en el primer eje estratégico del PND 2022-2026.
Por otro lado, la instancia puede promover que la regionalización de la prestación del servicio se constituya en el marco geográfico fundamental de la planeación del sector, con el fin de asegurar que el servicio se preste de manera más eficiente, y apoyar la implementación de soluciones institucionales que hagan sostenibles los sistemas en el ámbito rural, donde existen limitaciones para aplicar el enfoque de mercado, específicamente cuando la población por atender es inferior a la escala mínima requerida para operar en condiciones rentables.
La información disponible acerca de la cuantificación y localización de la población rural y dispersa sin acceso a agua apta para consumo o soluciones adecuadas de saneamiento es insuficiente para dimensionar de manera precisa la magnitud de las inversiones necesarias, para buscar una solución integral para los territorios con grandes brechas e históricamente olvidados. En este contexto, la Gerencia de Proyectos Estratégicos de Agua Potable y Saneamiento Básico puede consolidarse como el mecanismo de articulación entre las entidades territoriales, de orden nacional, empresas prestadoras y centros de investigación regional para fortalecer los procesos de caracterización del sector en el nivel territorial.
[1] Este proyecto de Ley ajusta el marco legal, específicamente los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de mejorar la gestión pública mediante la planeación y gestión integral de los sectores en Colombia, ello permitirá optimizar el gasto público y mejorar la distribución de competencias de la Nación y de las entidades territoriales. En consecuencia, el Gobierno nacional deberá presentar este proyecto ante el Congreso de la República, dentro de un plazo de hasta doce (12) meses contados a partir de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2024.
Referencias bibliográficas