ARTÍCULOS | OPINIÓN

Descentralización política y desconcentración administrativa

23/11/2023 | Edición No. 4 - Noviembre 2023

Humberto Molina Departamento Nacional de Planeación (DNP)  
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​​​​​La descentralización en Colombia se ha basado en procedimientos formalistas, de naturaleza jurídica y tecnocrática. En la práctica mantiene el sistema administrativo agente principal-agente subordinado que reproduce el centralismo y frustra la autonomía. Es indispensable utilizar otras herramientas, como la planeación estratégica aplicada, para identificar acciones ejecutables a corto plazo apropiadas para asegurar la adopción de una regionalización funcional y diferencial como insumo para construir una nueva arquitectura institucional que garantice la capacidad de decisión de las entidades territoriales, y que desconcentre los servicios que requieran y les puedan ofertar las instituciones nacionales. Se implantaría una gobernabilidad respetuosa de su capacidad decisional, impulsada por instrumentos de gobierno abierto.

Descentralización y planeación: análisis situacional

​En Colombia, los problemas relacionados con la organización, el ordenamiento, las formas de gobierno y la administración de los territorios se suelen abordar desde una perspectiva conceptual y jurídica que pone, en primer plano, los dilemas constitucionales y políticos que implicaría adoptar un sistema más o menos centralista, descentralizado, autonómico o federal. Por ejemplo, la conmemoración de los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 fue una ocasión para que académicos, dirigentes políticos y mandatarios de entidades territoriales (ET) reivindicaran ese fallido orden constitucional más de medio siglo después para reclamar respuestas federalistas a la actual problemática de la organización político-administrativa de los territorios subnacionales y locales, un enfoque promovido sobre todo por dirigentes políticos de la Región Caribe.

Cabe anotar, de paso, que detrás de muchas de las formalistas y eruditas polémicas que suscitan estos enfoques, subyacen intereses políticos e incluso económicos que, aun siendo legítimos y progresivos, resultan desdibujados y asumidos inadecuadamente en las posibles soluciones debido al “giro lingüístico" que presuponen estos enfoques. Desde la ciencia política, la reciente investigación sobre el federalismo en Colombia, de Edwin Cruz (2023), aporta interesantes sugerencias que ayudan a entender las falencias y consecuencias de esos abordajes cuando extreman su purismo formalista.

Desde un enfoque de planeación estratégica aplicada, el diseño y la formulación de estrategias para lograr objetivos misionales requieren un análisis situacional, esto es, un examen contemporáneo del entorno político, institucional y social. La problemática de la descentralización afecta, ante todo, la organización y las formas o procedimientos con los que se gobierna el territorio de la Republica. Por ello, a corto plazo, implica adaptar o transformar las instituciones asociadas al ejercicio del poder y la administración pública, las cuales están directamente relacionadas con la gobernabilidad.

Esas adaptaciones o transformaciones deben responder a problemáticas sociales, expectativas y demandas de diversos actores: partidos, grupos de presión, mandatarios regionales, académicos, etnias…; una dimensión relacionada con las expectativas, la participación e inclusión políticas de tales actores, o sea con la gobernanza de los territorios.

La misión de una u otra entidad territorial, a la que corresponde una precisa atribución de competencias y obligaciones con su ciudadanía, explica su naturaleza y esclarece la razón de su existencia. Sin embargo, más allá de exponer las causas o propósitos de su creación, la estrategia para su puesta en marcha a corto y mediano plazo debe contemplar las expectativas y prioridades de los ciudadanos a cuyo servicio está destinada, así como las oportunidades y restricciones de la coyuntura política e institucional. Considerando los factores que condicionan el ambiente reinante en el entorno, se deben explicitar los métodos, las acciones y los efectos sobre los objetivos que se pretende alcanzar a corto y a mediano plazo.

Por ello, no se trata de formular un plan estratégico general sino, más bien, de identificar un conjunto de acciones relevantes a corto plazo, utilizando procedimientos de la planeación estratégica aplicada. Algo así como un programa de acciones estratégicas de corto plazo. En el análisis siguiente solo se considerarán ciertos aspectos que condicionan a corto plazo, la identificación y ejecución de algunas acciones indispensables para avanzar en el logro de los objetivos para los que se creó la Misión de Descentralización: asignación de competencias a las entidades territoriales, incorporación y uso de formas de gobierno abierto, diseño de la arquitectura institucional e integración autonómica de los territorios indígenas.

Enunciados de manera muy sintética y desde un enfoque situacional, se destacan cuatro aspectos o dinámicas que deben considerarse y traducirse en contenidos de las propuestas de descentralización y en su proceso de adopción. 

1. Descentralización en un ambiente de insatisfacción y expectativas. Este es el ambiente que predomina entre los agentes interesados en los contenidos y alcances efectivos de las políticas de descentralización. Se constatan avances en aspectos de descentralización política, en la elección de autoridades propias, en la conformación de organismos de representación y la introducción de instrumentos de participación ciudadana (Maldonado, 2011, p. 179). Pero treinta y dos años después de aprobar la Constitución de 1991, entre analistas jurídicos, administradores públicos y gobernantes existe un sentimiento general de decepción y escepticismo sobre el avance y la garantía de la descentralización y la real autonomía política y administrativa de las entidades territoriales en el ejercicio de las funciones públicas consagradas en el nuevo orden constitucional. Además, para una comprensión más amplia del entorno político y las expectativas, se debe añadir que los grupos étnicos, raizales, afros y, sobre todo, indígenas esperan un tratamiento diferencial para sus territorios. 

2. Diálogos vinculantes y nuevas formas de gobierno abierto. Una de las primeras decisiones del actual gobierno, congruente con su propósito de territorializar las políticas públicas y hacer más viable la presencia del Estado en las regiones, fue la de organizar consultas a escala supramunicipal, para formular un Plan Nacional de Desarrollo que incorpore las demandas de la ciudadanía más convenientes para fomentar el desarrollo de esos territorios y mejorar su calidad de vida. Para subrayar el compromiso con los resultados de esas asambleas y, dejar en claro que no se trataba solamente de reuniones informativas, se las denominó Diálogos Regionales Vinculantes.

El balance de resultados de los diálogos elaborado por el DNP revela que se organizaron 51 eventos regionales con 2.115 mesas de diálogo, en las que se presentaron 89.788 propuestas acerca de programas o proyectos que buscaban transformar las políticas públicas y el planeamiento del desarrollo regional y local: La seguridad humana y la justicia social acumularon el mayor número de propuestas, con el 44%. El segundo lugar fue para el ordenamiento territorial, que incluye relaciones ciudad-campo, con el 17,9%. El tercer lugar lo ocupó el Derecho a la alimentación, que incluye temas relacionados con la economía rural y otras relaciones ciudad-campo, con el 15,5%. Además, se identificaron 247 proyectos estratégicos de alcance regional que posteriormente se consideraron en la formulación del plan plurianual de inversiones. Los diálogos también evidenciaron que, para manejar ciertas interacciones socioeconómicas y ejecutar los proyectos, se requiere considerar escalas espaciales que agrupen un número plural de municipios, esto es, asumir aglomeraciones de carácter supramunicipal, lo que implica estrategias de convergencia regional.

La información proporcionada por las propuestas efectuadas en los diálogos es una muestra del potencial aporte de la institucionalización, debidamente regulada, de instancias de participación propias de un gobierno abierto. El Plan de Desarrollo es el instrumento del gobierno más comprometido con las transformaciones y estrategias que las ciudadanías locales y regionales reclamaron en esas consultas, y que inevitablemente deben ser contempladas, a partir de sus resultados, por la Misión de Descentralización.

​3. Políticas de paz y territorios aislados o débilmente integrados. Existe una estrecha coincidencia entre tales territorios y la presencia de grupos armados y de economías ilegales. 

4. Territorialización de las políticas nacionales de desarrollo y descentralización asimétrica. El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 se compromete expresamente con estos enfoques. Introduce políticas de ordenamiento ambiental y político-administrativo de los territorios, así como una estrategia de convergencia regional centrada en la promoción de esquemas asociativos entre entidades territoriales y así estimular la “construcción e implementación de modelos supramunicipales de desarrollo para el fortalecimiento de vínculos urbanos-rurales y la integración de los territorios".

Este enfoque de las políticas de desarrollo se denomina “territorialización del Plan" para subrayar que busca superar las metodologías que predominaron durante décadas, inspiradas por teorías económicas neoclásicas (resumidas en el crecimiento esperado del PIB), que establecen cierto tiempo para conseguir objetivos homogeneizantes pero no determinan sus efectos sobre las regiones que conforman el territorio. En cierta forma, este reenfoque de los procedimientos y objetivos de la planeación y sus relaciones con la descentralización se resumen en el artículo 36 del nuevo plan, que lo llama “modelo de descentralización diferencial", una designación que coincide con la “descentralización asimétrica" de la OCDE (2019),  y que también es el apelativo con el que lo designa la actual Misión.

La presencia de pueblos indígenas en los diálogos permitió observar que los distintos pueblos y sus organizaciones no coinciden en la manera de entender las funciones de sus autoridades propias, ni en el alcance de la autonomía que exigen para gobernar sus territorios; tampoco son explícitos ni coinciden los criterios en que basan los reclamos para delimitar los resguardos o incorporar otras tierras a sus dominios. Esto implica que tampoco es homogéneo el tratamiento que reclaman para sus territorios.​​​

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