ARTÍCULOS | OPINIÓN

Cambio climático y descentralización

23/11/2023 | Edición No. 4 - Noviembre 2023

Libia Constanza Martínez Alfonso Departamento Nacional de Planeación (DNP)  
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​​​​​​​​​​​​​​​​​El calentamiento global cuya causa dominante es la influencia humana, es una realidad que se expresa cada vez más cotidianamente y requiere ser afrontado con políticas definidas desde una perspectiva multiescalar de gobierno.

Introducción

Actualmente se perciben ya los efectos del cambio climático en los sistemas humanos y en los ecosistemas y ya se encuentran en marcha medidas de adaptación y mitigación. Los riesgos futuros relacionados con el clima disminuirían si se aumenta la escala de la mitigación intersectorial, acelerando su implementación a gran alcance y en múltiples niveles y realizando una adaptación gradual y transformativa (Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, 2019)

El calentamiento global cuya causa dominante es la influencia humana, se afronta con políticas de diferentes niveles, los gobiernos locales deben afrontarlo también desde sus circunstancias y características propias. La pregunta fundamental que se ha planteado la Misión de Descentralización en Colombia frente a la autonomía de las entidades territoriales es: ¿descentralización para qué?; y en el caso de los desafíos del cambio climático la respuesta es clara, hay dos objetivos que requieren una acción ​descentralizada: evitar un mayor calentamiento y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones, de los ecosistemas, de las infraestructuras y de las actividades económica y evitar daños y pérdidas futuras o mitigarlos.

Las opciones para cumplir estos objetivos son variadas y dependen en gran medida de las circunstancias propias de los territorios, de sus niveles de vulnerabilidad, de sus recursos y capacidades. Sin embargo, debe existir un entendimiento compartido de que el cambio climático afectará la forma en que producimos, implicará un cambio en las economías, sistemas de transporte, ordenamiento del suelo, agua, sistemas alimentarios. Existe consenso a nivel global del uso de una variedad de medidas, incluidas los impuestos al carbono, las reformas a sistemas de ciudades, a redes eléctricas, a intervenciones en mercado de capitales, estándares y regulaciones (Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, 2022).

La autonomía administrativa y fiscal de los territorios debe estar permeada de una visión compartida de desarrollo económico sostenible; en la cual la gestión de riesgo de desastres, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono estén presentes en las decisiones públicas. Las acciones de adaptación como complemento a las medidas de mitigación de gases efecto invernadero – GEI; se consideran relevantes en todas las escalas: desde las negociaciones globales como el Acuerdo de París, hasta los planes locales de los pequeños municipios, planes nacionales y planes regionales.

Este documento elabora un análisis de competencias de los niveles de gobierno en Colombia, con el objetivo de proponer la asignación de nuevas funciones en la profundización del proceso de descentralización, asociadas a la gestión del cambio climático. Se definen ámbitos de actuación para las escalas regional, local y nacional, en función de establecer competencias diferenciales. Para la asignación de competencias se hace uso de los principios definidos por Jorge Martínez-Vázquez y expuestos en la Conferencia de Finanzas Públicas del Banco Mundial: Gobernanza Descentralizada y Cambio Climático (Jorge Martínez-Vazquez. World Bank Group, 2021). Los principios de correspondencia, subsidiariedad, beneficio, asequibilidad, capacidad y coordinación son el punto de partida para la definición o replanteamiento de las competencias y posiblemente del sistema de transferencias a los gobiernos locales en Colombia con visión de acción climática.

​Se proponen directrices sobre transferencias a gobiernos locales con visión climática: correspondencia entre transferencias y esfuerzos en capturas de GEI verificables, la gestión de externalidades y herramientas de compensación por costos de conservación. Se plantea una modificación a la Ley 99 de 1993; resaltando el papel que cumplirían las CAR y las RAP en acción climática regional. 

​[1] Economista, magister en ciencias económicas. Con experiencia y competencias en planeación y gestión de proyectos, formulación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos públicos, ordenamiento territorial, proyectos de cooperación internacional, investigación económica y social, formulación de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, seguimiento y monitoreo de proyectos, valoración costo/beneficio y valoración de proyectos sociales y ambientales, evaluación de impacto, diseño e implementación de indicadores sociales.​

Palabras clave

Cambio Climático; externalidades; coordinación; asequibilidad; Descentralización; correspondencia; Vulnerabilidad; multinivel; Transferencias; subsidiariedad

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