Bogotá, 30 de mayo de 2023 (@DNP_Colombia). Una de las mayores preocupaciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro es impulsar la inclusión productiva, a través del apoyo a las economías populares, el emprendimiento y a los micro, pequeños y medianos empresarios, por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por el Congreso de la República se destacan varios artículos, que brindan beneficios a estas poblaciones, como acceso a servicios financieros, evitar los “gota a gota”, hacer convenios en compras públicas, entre otros.
Dentro de los temas más destacados del documento aprobado se encuentra el artículo 88, en el cual se definen “Instrumentos para la inclusión financiera y crediticia de la economía popular, la promoción de las finanzas verdes, la innovación y el emprendimiento”, con lo cual se espera beneficiar a más de 100.000 unidades productivas de la economía popular y e incrementar en un 12% los ingresos de los micronegocios que pertenecen a este segmento productivo; además de incentivar la educación financiera para acabar con el flagelo del “gota a gota” en el país.
De acuerdo con Mónica Ortiz directora (e) de Innovación y Desarrollo Empresarial del DNP, “el impulso de instrumentos y programas de inclusión financiera a través del Grupo Bicentenario permite la Economía Popular, especialmente pequeños productores del sector agropecuario y los micronegocios, acceder a una amplia oferta de productos financieros que consideran sus dinámicas de generación de ingresos y provee acompañamiento técnico para que se impuse su actividad y desarrollo a la medida de sus necesidades”.
Por otra parte, el PND, en su artículo 90, resalta que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) diseñará, implementará y administrará el sistema de información enfocado en la economía popular, para hacerle seguimiento a esta población y diseñar políticas ajustadas a las necesidades de estas personas. A cierre de 2022, de acuerdo con la encuesta de micronegocios, se tenían 5,1 millones de unidades que generaron $56,5 billones en valor agregado.
Asimismo, otro de los artículos que favorece a estas unidades de baja escala incluidas en la hoja de ruta del Gobierno, es el 100, que tiene que ver con la participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público-populares. En este sentido, las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía para la ejecución de obras con impacto social en el territorio nacional con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.
El Gobierno definió que estas “Asociaciones Público Populares” se podrán utilizar para la ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, suministro de bienes y servicios, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico, economía del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios.
Con esta iniciativa se espera que las unidades de la economía popular puedan participar en proyectos de interés para el desarrollo de sus comunidades. Es relevante mencionar que las medidas propuestas en el articulado siguen estando cobijadas por el Estatuto General de Contratación de la Administración pública con las implicaciones que este tiene en cuanto a los principios, fines, inhabilidades e incompatibilidades, responsabilidad, entre otras regulaciones aplicables. Por ejemplo, la trazabilidad de todas las actuaciones realizadas estará publicadas en el SECOP así como en el repositorio de datos abiertos del sistema.
El artículo no exime a la entidad que decida adelantar un contrato con una asociación público popular de cumplir con los requisitos establecidos para adelantar un proceso de contratación directa. De otra parte, en el caso de las asociaciones con iniciativa público-popular descritas en el artículo 101, se estipula que deberán cumplir con la capacidad, experiencia e idoneidad, así como la acreditación de requisitos según las normas vigentes.
Esto también se relaciona con el artículo 80, que tiene que ver con la contratación de obra de mano local, pues se destaca que “todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local”, lo cual impulsará el empleo y la economía en las regiones del país.
El PND procura la sostenibilidad y el desarrollo empresarial en particular de las mipymes con el fin de promover su crecimiento. Para ello, se incorpora una estrategia de simplificación y reducción del costo de los trámites como por ejemplo las tarifas del RUP que trata el artículo 99, que además pretende incrementar su participación en compras públicas disminuyendo las cargas administrativas gracias a la interoperabilidad del SECOP con el RUP.
De otra parte, se favorece la financiación de los programas de desarrollo empresarial en los territorios dispuesto en el artículo 98, los cuales se fortalecen con los instrumentos de financiamiento otorgados a partir del Grupo Bicentenario. Finalmente, se propone la realización del censo económico, el primero de amplio barrido realizado en el país (artículo 95) que busca caracterizar toda la base empresarial del país.
Finalmente, a través de la modificación del alcance del FONDES (artículo 263) y la creación del Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida (artículo 327) será posible financiar la reindustrialización del país que permitirá pasar de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, productiva, sostenible e inclusiva, la cual centra sus apuestas estratégicas a la transición energética, agroindustria, salud, defensa para la vida y los territorios y su tejido empresarial.
Para el Gobierno del Cambio el empleo formal y de calidad es una prioridad, por lo que seguirá trabajando de la mano con los empresarios, gremios, asociaciones populares y mipymes para mejorar las condiciones laborales de todos los colombianos.