Bogotá, 1 de noviembre del 2024 – (@Regalias_gov) El pasado 30 de octubre, fue votado en primer debate por las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República el proyecto de ley No. 367 de 2024 de la Cámara de Representantes y No. 284 de 2024 del Senado de la República "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026".
En total el presupuesto proyecta $30.9 billones de pesos acorde con el inciso 13 del artículo 361 de la Constitución Política, y lo dispuesto por los artículos 151 y 352 de la carta magna.
Este Sistema Presupuestal está conformado por el Plan de Recursos, el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y el Presupuesto del Sistema General de Regalías, los cuales deben propender porque éste opere con un horizonte de mediano plazo, abarcando una bienalidad, la cual comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente al de su inicio.
Se destaca que a través del Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías se financiarán proyectos que permitan el desarrollo integral de las regiones, complementando las competencias del nivel nacional y los niveles territoriales; en lo que se conoce comúnmente como concurrencia y complementariedad, ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo.
Para llegar a este Debate del proyecto de presupuesto, radicado el pasado 1 de octubre ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, se llevaron cabo mesas de trabajo con los Congresistas designados como coordinadores y ponentes del proyecto de ley, los días 28 y 29 de octubre, revisando una a una las proposiciones presentadas en este trámite, consolidando así el Congreso de la República el texto de ponencia que fue presentado este día en su primer debate.
Frente al desarrollo de los territorios, este proyecto de ley asignaría un presupuesto para la inversión de más de $29 billones, recursos que favorecen la descentralización, la autonomía y el desarrollo territorial, así como un impulso importante a la reactivación económica, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades.