Sogamoso (Boyacá), abril 29 de 2024. (@DNP_Colombia). El equipo directivo y técnico de la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial de Planeación Nacional acompañó la cuarta audiencia pública convocada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes relacionada con la socialización del proyecto de ley que busca establecer medidas y límites al Impuesto Predial Unificado (IPU) bajo criterios de justicia tributaria, la cual se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio de Sogamoso, en Boyacá.
En la audiencia el equipo técnico del DNP manifestó que es importante que el proyecto de ley sea concertado tanto entre las instancias gubernamentales y legislativas, como entre ellas y la ciudadanía, todos guiados bajo el principio constitucional de la equidad tributaria, y coordinados al interior de la institucionalidad con el propósito de obtener una ley con consenso técnico y favorable al desarrollo del país.
Así mismo, se indicó que con estas audiencias públicas se construye una ley con el criterio de democracia participativa, pues el objetivo es recoger la opinión de todos los partidos en torno a los límites del impuesto predial, examinar conjuntamente la viabilidad política y técnica para evitar los posibles cobros excesivos a la población vulnerable o a sectores productivos que son importantes para las regiones, los municipios y, desde luego, para el crecimiento económico y social del país.
El equipo técnico del DNP hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los municipios. Por tal razón, invitó a trabajar conjuntamente en temas relacionados con cooperación técnica territorial y convenios interadministrativos, respetando siempre la autonomía municipal.
Por último, resaltó el papel fundamental que desempeña la implementación del Sistema de Administración del Territorio (SAT), ya que permite unir cuatro grandes aspectos; el económico, que establece el valor del suelo; la tenencia, que permite identificar de quién es la tierra; el desarrollo, que determina qué actividad se puede hacer en el suelo; y el ordenamiento, que establece los usos del suelo.
Con el acompañamiento que hace Planeación Nacional se contribuye a la construcción de un proyecto de ley que defina condiciones adecuadas para la variación del impuesto predial unificado como resultado de la actualización catastral, donde se tenga en cuenta de manera prioritaria las inquietudes de la ciudadanía.
En este trabajo de socialización del proyecto de ley en Boyacá, que se suma a las jornadas realizadas en Puerto Carreño, Cali y Soacha, se destacó, por parte del equipo técnico del DNP, que “toda la información básica predial es la fuente principal para un buen ordenamiento del territorio", que es uno de los objetivos de las transformaciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo en su eje Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua con Justicia Ambiental.
En ese sentido es importante destacar que ya en ocho municipios de Boyacá se avanzó en el proceso de actualización catastral. Ellos son: Floresta, Busbanzá, Corrales, Beteitivá, Tasco, Sativasur, Socha y Socotá, lo que traduce un avance en la actualización catastral en el departamento, pues hay varios municipios que no realizaban este proceso hace más de 30 años; entre otros factores por problemas financieros o de falsa tradición.
De ahí la importancia que tuvo la audiencia pública en Boyacá, pues para esta ocasión estuvieron presentes más de 300 personas en representación de organizaciones sociales, campesinas y ciudadanos de las provincias de Sugamuxi, Valderrama, Libertad, Tundama y del municipio de Sogamoso, quienes además de hacer propuestas también plantearon inquietudes sobre el proyecto de ley.
Importancia para los territorios
En su conjunto, la dinámica económica de la sociedad es la que valora el suelo, por eso los propietarios de los predios adquieren un compromiso con la comunidad local y regional, el cual se honra con el Impuesto Predial Unificado (IPU).
El IPU es el instrumento con el cual las personas dueñas o poseedoras de propiedad inmueble aportan económicamente al desarrollo de sus municipios. Sus pagos permiten financiar obras públicas, servicios públicos, programas sociales como la atención a la población vulnerable y, en general, cumplir lo propuesto en sus planes de desarrollo. Gastos que son necesarios para superar las limitaciones que tienen las municipalidades en materia de productividad y progreso social.
Si bien es cierto que con el pago del IPU contribuye a la vida municipal, su crecimiento con la actualización catastral no puede conducir a problemas económicos y sociales. Por ello, el equipo técnico de Planeación Nacional, junto con los directivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, los cuales participaron en esta jornada de socialización en Sogamoso, están comprometidos en recoger las inquietudes de la ciudadanía y trabajar con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para sacar adelante una norma que minimice el efecto negativo que pueda tener en la población la actualización catastral.