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 Gobierno nacional y Banco Mundial fortalecerán la Política de Mejora Regulatoria

12/11/2019 13:00

​​Bogotá, 12 de noviembre de 2019. ​Este martes se realizó el lanzamiento oficial del acuerdo de cooperación entre la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y el Gobierno nacional para el fortalecimiento de la Política de Mejora Regulatoria en Colombia.


Este Acuerdo, apoyado por el gobierno de Suiza a través de su oficina de Cooperación Económica y Desarrollo en Colombia (SECO), tiene como objetivo aunar esfuerzos entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Colombia Productiva, Invest in Bogota e IFC para mejorar la transparencia, eficiencia y predictibilidad del entorno regulatorio, mediante la identificación, implementación y fortalecimiento de buenas prácticas.

Esto a través de dos componentes, el primero tiene como objetivo revisar la implementación del Análisis de Impacto Normativo (AIN), herramienta que viene impulsando el Gobierno nacional desde 2014, y que se ha fortalecido con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, y el segundo componente tiene el objetivo de realizar seis revisiones de regulaciones vigentes, para identificar si deben ser modificadas, optimizadas o eliminadas.

“Las evaluaciones expost no son una práctica tan difundida en las entidades, es necesario revisar las regulaciones para saber si están funcionando o deben ajustarse. De ahí que con este Acuerdo se pretenda generar capacidades en las entidades reguladoras en el uso de distintas metodologías, para que evaluar sea una práctica frecuente”, explicó Juan Sebastián Robledo, Subdirector General Sectorial (E) del DNP.

El ministro de Comercio, quien lidera la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, mencionó que, “el Gobierno nacional tiene experiencia en simplificar trámites y normas obsoletas, pero hace falta generar más análisis de impacto de las regulaciones, tanto exante como expost, que sirvan de referencia a la hora de proponer nuevas regulaciones o modificaciones a las existentes”.

Expertos internacionales consideran que el país dió un paso importante en el camino de la calidad regulatoria al adoptar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) para algunas de las regulaciones que emite el Gobierno nacional, en particular, los reglamentos técnicos:

“Sin embargo, se debe incrementar progresivamente la aplicación a otras regulaciones, para mejorar su calidad y crear un ambiente de negocios que reduzca o elimine restricciones innecesarias a la competencia, la innovación y el desarrollo de la actividad empresarial”, putualizó Alfredo González Briseño, especialista en mejora regulatoria del Banco Mundial.

IFC para la Región Andina, en cabeza de su gerente Elizabeth Martínez de Marcano, asegura que la implementación de buenas prácticas regulatorias es crucial para promover la inversión privada, la productividad y el crecimiento sostenible e inclusivo.

“Un clima de negocios estable y previsible es clave para incentivar la inversión del sector privado. Compartimos por lo tanto el interés de que Colombia implemente buenas políticas públicas en esta área”. afirmó la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann.

Este convenio ayudará a atender los cuellos de botella que se generan desde el punto de vista regulatorio y que afectan el desarrollo y la productividad de sectores estratégicos para el crecimiento económico del país. “Esta alianza va en línea con nuestra tarea de ayudar a la industria a producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado, y para lograrlo, es necesario tener un entorno regulatorio eficiente y claro”, concluyó Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva.

En el evento, que da inicio a la segunda misión técnica del acuerdo que se llevará a cabo entre el 12 y el 22 de noviembre de 2019 en Bogotá, hicieron presencia también la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerardo Burgos.

Los funcionarios se comprometieron a participar en las revisiones de dos normativas de sus entidades con el fin de determinar su impacto, e identificar si es necesario modificarlas, optimizarlas o eliminarlas. Las evaluaciones duran en promedio 6-8 meses y en el 2020 se escogerán otras 4, dos en el primer semestre y dos en el segundo. La dirección del proyecto se extiende hasta diciembre de 2021.​

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