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 ‘El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto que piensa en los pobres’: directora del DNP

25/05/2019 14:40

​‘Valledupar, 25 de mayo de 2019. La gran prioridad del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, es evitar que los colombianos que han salido de la pobreza vuelvan a caer en esa condición, aseguró la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso.​

“Nadie en Colombia debe quedarse tranquilo mientras un solo ciudadano pase hambre, duerma a la intemperie o no tenga posibilidad de generar ingresos para sí mismo o su familia. Cada persona que sale de la pobreza es un triunfo enorme para toda la sociedad”, dijo durante el acto de sanción de la Ley del Plan.

La hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años fue sancionado este sábado por el presidente Iván Duque Márquez durante el taller número 32 de ‘Construyendo país’, realizado en Valledupar (Cesar) con asistencia del gabinete en pleno.

La directora del DNP destacó que este Plan, es un pacto por los niños y las niñas, por los jóvenes, por todos los colombianos sin distingo alguno, sus realidades locales y regionales, y apuntándole a que seamos más competitivos.

Para el presidente Iván Duque, este no es un Plan de un gobierno sino de un país, en el que se destacan capítulos para las regiones, para la equidad de la mujer, para los océanos, así como para las comunidades indígenas y afrocolombianas.

El jefe del Estado también destacó el capítulo dedicado, por primera vez, a la población con discapacidad, para que tenga oportunidades y cuente con el acompañamiento del Estado.

“El rumbo del plan es la reactivación económica, que en legalidad hagamos viable el que la hace la paga, mientras en equidad se propone poner primero a los pobres, para cerrar brechas y evitar que la pobreza sea un castillo sin puente levadizo”, dijo el Presidente Duque.

El Plan de Desarrollo 2018-2022, que contiene 336 artículos, en los que se consagran las estrategias de 25 pactos estructurales y transversales, y contempla inversiones por $1.096 billones, de las cuales el 47% se destinarán a lo social, tiene como principio rector la fórmula: legalidad + emprendimiento = equidad.

El Plan fue construido de la mano de la ciudadanía desde las regiones, donde se realización mesas de trabajo en los 32 departamentos y el Distrito Capital con la participación de todos los sectores sociales, que priorizaron proyectos para mejorar sus condiciones de vida.

Además, durante el trámite en el Congreso de la República del proyecto radicado por el Gobierno, se hicieron mesas técnicas con los congresistas de distintas bancadas en las que se discutieron en detalle cada uno de los artículos para reflejar la visión de desarrollo de sus regiones.

“Es un Plan de Desarrollo absolutamente pluralista porque todas las bancadas del Congreso contribuyeron con ideas, iniciativas y proposiciones a enriquecer la propuesta que presentó el Gobierno”, aseguró la directora del DNP.

El PND contempla recursos para el cuatrienio por $1.096 billones y según la directora del DNP se ajusta al marco fiscal de mediano plazo y a la situación económica del país.

De acuerdo con la distribución de esos recursos, al pacto por la equidad se destinan $510,1 billones, al pacto por la legalidad $132,7 billones y al pacto por el emprendimiento $27,1 billones.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 le da al Gobierno herramientas para construir una Colombia equitativa, en la que haya menos pobres, más empleo, mayor productividad, un crecimiento económico sostenible y una política social moderna.

El principal reto en materia económica del ‘Pacto por Colombia, pacto por la Equidad’, es convertir a la productividad en la fuente primordial de crecimiento de los próximos años para lo que se pondrán en marcha un conjunto de acciones estratégicas: elevar la productividad de 0,65% a 1,1%, aumentar la tasa de inversión de 22 a 26,1% del PIB, y de esta forma se elevará el crecimiento de la economía de 2,7% a 4,5% en el 2022.

La productividad contará con el impulso del pacto por la descentralización, el cual busca aprovechar las potencialidades de las regiones para mejorar su competitividad, conectarlas y así lograr una mayor especialización económica de las regiones colombianas.

Tres pactos estructurales

El Plan de Desarrollo está fundamentado en tres principios que se definen de la siguiente manera:

Legalidad: para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, la lucha certera contra la corrupción y el fortalecimiento de la rama judicial.

Emprendimiento: brindar oportunidades a los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y el campo.

Equidad: igualdad de oportunidades para todos por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

Metas sociales

Con el propósito de brindar igualdad de oportunidades a los colombianos para crecer y progresar, las metas priorizadas en el Plan de Desarrollo buscan consolidar el verdadero cambio social de Colombia en el futuro para cerrar brechas.

Reducción de la pobreza:

 Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema, lo que significa pasar de 3,5 a 2,0 millones.

 Sacar a 2,9 millones de colombianos de la pobreza monetaria. Hoy están en esta condición 12,8 millones de personas, y en el 2022 se reducirían a 9,9 millones.

 Sacar a 2,5 millones de personas de la pobreza multidimensional para pasar de 8,3 a 5,8 millones.

 Implementación del Sisbén IV en 2020 para focalizar de manera más eficiente los recursos del Estado que se entregan a través de subsidios a la población más vulnerable.

Educación:

 Pasar de 1,2 a 2 millones de niños con educación inicial.

 Pasar de 5,3 millones de niños a 7 millones en el PAE

 Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900.000 a 1,8 millones.

 Avanzar de manera gradual en gratuidad para 320.000 jóvenes.

 Aumentar la cobertura en educación superior de 53% a 60%.

 Reducir los tiempos de convalidación de títulos en educación superior para agilizar, simplificar y hacer cada vez más expedito el trámite.

Salud:

 Saneamiento de la deuda de recobros del régimen contributivo de salud a 31 diciembre del 2019.

 Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para mejorar la calidad de los servicios.

 Fortalecimiento de las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud respecto de la composición de capital o del patrimonio de las EPS.

 Avanzar en la implementación de proyectos de telesalud dirigida a poblaciones apartadas del país.

Vivienda:

 Se beneficiarán 600.000 hogares con el mejoramiento de vivienda.

 Iniciación de 520.000 viviendas de interés social.

 Se otorgarán subsidios de arrendamiento para ahorrar y adquirir vivienda nueva a 200.000 hogares.

Servicios públicos:

 Se mantienen los subsidios de energía para los estratos 1 (60%), 2 (50%) y 3 (15%).

 100.000 nuevos hogares con servicio de electricidad.

 Un millón de nuevos hogares con servicio de gas. Hoy hay cerca de 9 millones.

 Proveer a 3 millones de colombianos nuevos agua potable y manejo de aguas residuales.

 150.000 hogares beneficiados con programas de sustitución de electrodomésticos de mayor eficiencia energética.

Transformación digital:

 Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet. Hoy lo están 7,4 millones (50%).

 Transformación digital de 34 trámites de alto impacto ciudadano.

 Utilización de Big Data en la lucha contra la corrupción.

 Impulso a la transformación digital de la administración pública a través de la digitalización y automatización masiva de trámites.

Trabajo decente:

 Crear 1,6 millones de empleos. El promedio anual de ocupados es de 22,4 millones.

 Aumentar la formalidad a 41,2%. Hoy la tasa está en 37%.

 Reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%

 Generar 2 millones de colocaciones de personas a través del Servicio Público de Empleo.

 Consolidación del Subsistema Nacional de Formación para el trabajo con el fin de mejorar las capacidades de los trabajadores y facilitar su inserción al mercado laboral.

Productividad:

 Pasar de 200 a 4.000 empresas apoyadas a través del programa de fábricas de productividad para mejorar sus procesos productivos y administrativos.

 Aumentar el porcentaje de empresas innovadoras al 25% para romper la tendencia a la caída de los últimos 10 años.

 Aumentar en 10% la productividad laboral de sectores no minero-energéticos.

Sector del agro:

 Prestar asistencia técnica a 550.000 productores. Se espera que, al terminar el segundo semestre de 2019, 20.000 productores hayan sido atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria.

 Beneficiar a 300.000 productores con agricultura por contrato. Hasta la fecha, gracias al programa de ‘Coseche y Venda a la Fija’ se han firmado 5.746 contratos entre agricultores y compradores.

 Lograr el 60% de actualización de la base catastral (hoy está en 5,6%)

 Expandir y rehabilitar cerca de 150.827 hectáreas en el cuatrienio: 50.794 con distritos construidos y ampliados; 94.123 ha de distritos rehabilitados, complementados y modernizados, y 5.910 ha con soluciones de riego individual a nivel intrapredial.

 Aumentar el área de cobertura de los distritos de riego. Hoy existen 787 distritos de adecuación de tierras, para un total de 364.470 hectáreas.

 Avanzar en la formalización de predios en el territorio nacional: las metas son formalizar 24.350 títulos sobre predios privados y 24.160 títulos que otorgan acceso a tierras.

Infraestructura:

 Otras fuentes de financiación para sostenibilidad de sistemas de transporte.

 Apoyo del Gobierno a la implementación de sistemas de transporte público colectivo o masivo terrestres, marítimos o fluviales en cualquier lugar del territorio nacional.

 Cofinanciación por parte de la Nación de sistemas de transporte público colectivo o masivo con vehículos de cero emisiones (eléctricos).

“Este es un Plan de Desarrollo pensado a largo plazo, no a cuatro años, por eso está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para asegurar un futuro mejor para los colombianos”, afirmó la directora del DNP, Gloria Alonso.

Pactos por la productividad y la equidad

En el Plan de Desarrollo está establecido como uno de los grandes logros el aumento de los recursos para las inversiones en las regiones en el próximo cuatrienio, que alcanzan la cifra de $851,9 billones, lo que significa cerca del 78 % del valor total del ‘Pacto por Colombia’.

La región Pacífico, conformada por los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca tendrá $123,7 billones, lo que representa un crecimiento del 36,3% frente al cuatrienio anterior.

Para el Eje Cafetero y Antioquia, el ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, contempla inversiones por $136,6 billones, distribuidos entre Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia (aumento de 38,7%).

En la región Caribe están previstas inversiones en los próximos 4 años por $182,8 billones, dirigidos a Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, lo que significa un aumento del 32,3% con respecto al anterior PND.

Los departamentos de la región Central (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Distrito Capital de Bogotá), tendrán inversiones por $235,2 billones, es decir, un aumento del 34% con respecto al cuatrienio anterior.

Los Santanderes, tienen previstas en el Plan de Desarrollo inversiones por $62,0 billones, lo que representa un incremento del 18,5% frente al periodo 2014-2018.

La región Llanos y Orinoquía, de la que hacen parte los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, tendrá recursos por $70,4 billones, 41,1% más que en el cuatrienio anterior.

La Amazonía, región conformada por Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, tendrá según el ‘Pacto por Colombia’, $34,5 billones, lo que significa un aumento del 68,1% en las inversiones.

En la región Seaflower, que la conforman las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, están previstas inversiones por $3,5 billones en el cuatrienio 2018-2022, un aumento de 23,5% en comparación con el periodo 2014-2018.

La región Océanos tiene asignados recursos por $3,1 billones para los próximos 4 años​​

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