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 Colombia crea la tercera Red de Lenguaje Claro de Iberoamérica

18/10/2018 12:30

​Bogotá 18 de octubre de 2018. Colombia pone en marcha la Red de Lenguaje Claro, tercera que se constituye en Iberoamérica, con el fin de implementar acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje sencillo en el Estado para que cualquier ciudadano comprenda la información que se le brinda sin necesidad de acudir a intermediarios. 


 

La Red promoverá adicionalmente, la elaboración de estándares de lenguaje comprensible, la generación de espacios de promoción a nivel nacional e internacional de la estrategia y el desarrollo de iniciativas de innovación, medición, y cualificación en la materia. 

"Con esta Red de lenguaje claro esperamos dar un paso más en la creación de documentos que sean fáciles de entender por el ciudadano, que no necesiten de intermediarios para comprender los documentos, y promover la eficiencia administrativa en las entidades del estado", aseguró Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

El propósito es dar respuesta a la necesidad de mejorar el acceso y comprensión de la información pública, pues 9 de cada 10 colombianos consideran que la Administración no se comunica de manera clara y comprensible[1].

La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso; el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón; la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán; el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, y el rector de EAFIT, Juan Luis Mejía, firmaron el Acuerdo para la conformación de la Red.

Con esta iniciativa, Colombia se suma a países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, que han implementado la estrategia con un marcado énfasis en la simplificación del lenguaje jurídico y administrativo, y se compromete a implementar el lenguaje claro al interior de las entidades y a generar iniciativas que permitan su uso en todo el estado colombiano.

El evento se realizó este jueves 18 de octubre en la Sede Nacional Uniandinos y tuvo como finalidad compartir experiencias nacionales e internacionales que permitan la generación de alianzas y el posicionamiento de la estrategia en las entidades públicas, así como lo han hecho más de 20 países en el mundo.

DNP, líder de la estrategia en Colombia

El DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ha construido guías y herramientas metodológicas y de medición, que, a diferencia de experiencias internacionales, cuentan con la validez científica que soporta la efectividad de la "traducción" a lenguaje claro de documentos estatales, pues genera un ahorro para las entidades y los ciudadanos en tiempo y recursos.

Específicamente, durante el 2018 se tradujeron a lenguaje claro 50 documentos de 22 entidades públicas (nacionales y territoriales), a través de la metodología laboratorios de simplicidad (mesas de trabajo entre servidores y ciudadanos), que permitió conocer, evaluar y transformar los documentos.

Este ejercicio mejoró el contenido, la estructura y el diseño de estas piezas comunicativas. Algunos datos de interés son:

-El contenido mejoró en más de 100% para el 54% de las piezas, la extensión disminuyó en más del 15% y algunos diseños mejoraron en 400% (Acuerdos Laborales de Bogotá; Guía para atención al usuario, del Consejo de Estado; Página web para niños del DNP).

-También se reemplazaron palabras complejas, por ejemplo: cancelar por pagar, enrolamiento por incorporación, residenciarse por establecerse, aplicación del indubio pro operarius por en caso de duda, se favorecerá al trabajador.

Entre las piezas más significativas se destacan la respuesta a solicitud de explicación sobre abono de cesantías a crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); la respuesta para acceder al beneficio del programa Colombia Mayor de la Alcaldía de Medellín; el formato de derecho de petición de Superservicios, y el extracto de cuenta de Colpensiones.

Estas acciones, según estimaciones del PNSC, permitiría un ahorro de más de $5.000 millones al año para el Estado y los ciudadanos, ya que se invertiría menos tiempo en responder peticiones, quejas o reclamos relacionados con la falta de comprensión de la información, así como en menos tiempo de elaboración y revisión de los documentos por parte de los servidores públicos.

Por otra parte, los ciudadanos disminuirán tiempos de lectura y comprensión de los documentos y en los costos de desplazamiento a las sedes de las entidades, con el fin de solicitar aclaraciones.

Vale la pena resaltar que en el Congreso de la República cursa una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y de Acceso a la información pública (Ley de Lenguaje Claro) con el objetivo de lograr un equilibrio entre el rigor técnico que debe tener el derecho, y la claridad para que el ciudadano y servidor público puedan entenderse plenamente, sin necesidad de intermediarios.


[1] Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del DNP 2018.

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