• 26 de septiembre de 2017 02:53:09 PM
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DNP

 Diagnóstico

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Documentos de diagnóstico 

Durante la primera fase de la Misión (Diagnóstico y preparación), se produjeron diversos análisis sobre el estado y los retos en materia de crecimiento verde para Colombia. Los siguientes documentos presentan los resultados de dicha fase

Diagnostico Crecimiento Verde - Resumen Ej​ecutivo.pdf
Evaluación del Potencial de Crecimiento Verde.pdf
Crecimiento Verde para Colombia: Elementos conceptuales y experiencias internacionales.pdf
Ciencia, Tecnologia e Innovación para Crecimiento Verde - Informe de consultoria.pdf
Indicadores de Crecimiento Verde - Informe de consultoria​.pdf
Encuesta Percepción Competitividad.pdf
​​Folleto_Infor​mativo.pdf
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Elementos criticos para el crecimiento verde en Colombia

La economía colombiana tuvo un sólido crecimiento en los últimos años, con un promedio anual del 4.3% en el período 2000-2012, que ha permitido aumentar los ingresos per cápita de la población nacional y contribuir a la disminución de pobreza y de la desigualdad. Este buen desempeño ha estado acompañado de flujos importantes de Inversión Extranjera Directa (IED) y altos precios internacionales de productos básicos (commodities) como carbón, petróleo y café (Fedesarrollo, 2015). 

Según los análisis del Consejo Privado de Competitividad, los aumentos en inversión en el país en los últimos años (2000 – 2013) no han venido acompañados por incrementos en productividad total de los factores (ver Figura 1). Este bajo nivel de productividad está directamente relacionado con su baja calificación en el Índice de Innovación Global (GII), en donde Colombia se ubica en la posición 60 de 142 países en 2013  por debajo de Chile, Costa Rica, México y Panamá. Lo anterior, aunado a bajas inversiones en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y a un nivel inferior del Índice de Complejidad Económica (ICE)  (Figura 2). El nivel de inversiones que presenta Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación, representa tan sólo el 0.5% del PIB, en tanto que los países OCDE invierten en promedio el 2.4%.  

Figura 1. Comparación entre Inversiones y Productividad Total de Factores

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Fuente: Consejo Privado de Competitividad.


Figura 2. Relación entre ICE (2013) y el GII (2013)

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 ​Fuente: Cálculos DNP, a partir de (Hausmann, y otros, 2013) y (Cornell U., 2015)

 

La economía colombiana es poco diversificada y compleja en cuanto a exportaciones se refiere, con una elevada concentración en la exportación de productos primarios, de bajo nivel de sofisticación y baja en manufacturas de alta o media intensidad tecnológica. Entre 2012 y 2013 las exportaciones de bienes primarios del país han representado en promedio el 67,5% de las ventas externas totales del país, mientras las manufacturas de tecnología alta y media han participado tan solo con 1,5% y 8,4% respectivamente.

No obstante, el mercado mundial del crudo ha sufrido transformaciones desde finales de 2009 que han originado cambios en los precios del petróleo y en las perspectivas sobre su futuro comportamiento, lo que conlleva a efectos negativos de corto y largo plazo en el crecimiento del ingreso nacional. Los precios internacionales del petróleo disminuyeron más de 50% entre junio y diciembre de 2014 (MHCP, 2015, Pág. 19) . La caída en los precios del petróleo y el lento crecimiento de la economía global avecina una desaceleración para la economía colombiana debido a la reducción del valor de las exportaciones.

A nivel mundial se refleja una continua desaceleración del crecimiento en las economías emergentes y las economías en desarrollo en medio de un ambiente de bajos precios de los commodities, flujos de capital más débiles y tenue comercio mundial. Se espera que el crecimiento mundial suba en los próximos años, pero a un ritmo más lento, alcanzando 2,9% en 2016 y 3,1% en 2017 y 2018.

Por otra parte, el indicador de ahorro neto ajustado  para Colombia indica que, desde el punto de vista ambiental, el crecimiento económico no ha sido sostenible, debido a que el capital natural se está agotando .  Tal y como lo muestra la Figura 3, el índice ha rondado en torno a cero en los últimos años, muy por debajo de la región y aún más de los países OCDE. Lo anterior considerando que la economía colombiana es más intensiva en la utilización de recursos que el promedio de los países de la OCDE, con presiones sobre los recursos naturales ejercida por la industria extractiva, la ganadería extensiva, la urbanización y la motorización .  


Figura 3. Tasa de ahorro neto ajustado

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Fuente: Banco Mundial 


El modelo de desarrollo en el país, ha ocasionado impactos en la salud asociados a la contaminación del aire urbano, la contaminación intramural y a las deficiencias en la cobertura de agua potable y saneamiento básico, que para el año 2010 representaron el 2% del PIB (Banco Mundial, 2014, p. 2). De esta manera, 7.600 muertes prematuras pueden atribuirse a estos factores ambientales, impulsados por limitaciones en la planificación con criterios ambientales de sectores como el transporte, energía e industria. Así mismo, efectos en la salud ocasionados por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio en la minería de oro han representado altos costos para la sociedad, que por ejemplo para la región de Antioquia pueden alcanzar $231.000 millones para el 2010. Colombia es el segundo país que más mercurio libera en el mundo, con 75 toneladas anuales liberadas a causa de la minería de oro.   

La actividad económica y la presión poblacional han desencadenado transformaciones en el territorio que imponen retos crecientes sobre la biodiversidad y los sistemas que de esta dependen. Entre estos, el inadecuado uso y ocupación del territorio y el conflicto armado han causado degradación de los ecosistemas y han disminuido los niveles de calidad ambiental. Cerca de 5,2 millones de hectáreas en el país fueron deforestadas entre 1990 y 2013, con el 75% en municipios de conflicto, asociado a la presencia de cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, extracción ilegal de madera y colonización de población relacionada con desplazamiento. 

Cerca de 20 millones de hectáreas de suelo se encuentran sobreutilizadas en actividad ganadera, generando conflictos por el uso del suelo; aproximadamente el 60% de las fuentes hídricas del país se encuentran potencialmente afectadas por la extracción ilícita de minerales y derrames de hidrocarburos; y la calidad del aire disminuye en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá con niveles de material particulado inferior a diez micras de diámetro (PM10) superiores a los estándares permisibles en la legislación ambiental.  

El Banco Mundial ha estimado que los costos de la degradación ambiental en Colombia son de aproximadamente US$7 billones de dólares en 2010, asociado a la contaminación del aire urbano e intramural, las deficiencias en la cobertura de agua potable y saneamiento básico, el agotamiento de los bosques y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en un escenario de reducción de la deforestación y de la contaminación en municipios de conflicto, en Colombia se reducirían anualmente $2,7 billones de pesos por degradación ambiental. 

Además de esta serie de factores relevantes, es vital reconocer la alta vulnerabilidad que se ha evidenciado en el país respecto a los efectos del cambio climático en los últimos años. Según estudios del BID y CEPAL, los costos de los impactos del fenómeno de La Niña entre 2010-2011 le representaron al país cerca del 2% de PIB anual, con $11,2 billones de pérdidas por daños en sectores relevantes como el transporte, vivienda, energía y sectores productivos.   

Según estimaciones del DNP, no adaptarse a los fenómenos de cambio climático equivaldría a que cada año el PIB fuera 0,5% menor que en un escenario sin cambio climático. Si bien Colombia se destaca por su generación de electricidad a través de fuentes renovables, efectos del fenómeno de El Niño 2015 – 2016 han evidenciado la importancia de adaptación de este sector ante la reducción de precipitaciones que ponen en riesgo la seguridad energética del país. A esto se suman las pérdidas económicas a nivel nacional causadas por la afectación de los incendios forestales en bosques en el 2015 que alcanzaron aproximadamente $476 mil millones de pesos, equivalente a 0,063% del PIB de 2015.

No obstante, Colombia tiene una serie de oportunidades que tienen el potencial de convertirse en pilares para un crecimiento económico verde.  En dicho sentido, la extraordinaria biodiversidad y riqueza de recursos naturales que presenta Colombia le representa ventajas comparativas frente a otros países, para el posicionamiento y la consolidación de los negocios verdes. Dichas ventajas deben ser adecuadamente explotadas y transformadas en ventajas competitivas. Otro aspecto que vale la pena mencionar son las oportunidades de orientarse hacia una economía baja en carbono, dado el compromiso que adquirió Colombia en 2015 durante la COP 21 de Cambio Climático, y que hace referencia a la reducción de un 20% de las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas a 2030. Este compromiso internacional se convierte en una oportunidad de impulsar el CV. 

Por otra parte, se evidencian las brechas que tiene Colombia con respecto a otros países en materia de inversión para el CV. Por ejemplo, se recomienda a nivel internacional que al menos 2% del PIB mundial sea destinado a impulsar crecimiento verde. Sin embargo, se estima que las inversiones públicas en Colombia en este rubro, tan sólo alcanzarán $9.5 billones durante el cuatrienio 2015-2018, representando, en promedio anual, tan sólo el 0.27% del PIB. 

Otro aspecto que llama la atención es el nivel de impuestos ambientales en la economía. Mientras que este tipo de ingresos fiscales le representan a la mayoría de los países OCDE un ingreso promedio de 2% del PIB, en Colombia estos representan tan sólo el 0,7%. Si bien, Colombia ha avanzado en la reducción de los subsidios al combustible para el transporte, los numerosos tratamientos fiscales y excepciones tributarias existentes siguen reduciendo la base imponible sobre los combustibles para el transporte, limitan los ingresos fiscales y neutralizan los incentivos para reducir el uso de energía (OCDE, 2014).   


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