• 26 de septiembre de 2017 03:07:48 PM
  • ESP | ENG |
DNP

 De los Contratos Plan a los Contratos Paz

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​mapa 29 nov-02.jpg​ 
​​ 

En apenas cinco años los Contratos Plan del Departamento Nacional de Planeación Nacional (DNP) se convirtieron en un instrumento crucial para articular el desarrollo de largo plazo entre la Nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de inversiones prioritarias, fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y enfrentar la inequidad y la pobreza extrema.  Esta figura de política pública, que fue importada de Francia al amparo de las buenas prácticas de la OCDE, es ahora un vehículo para la reconstrucción de las regiones golpeadas por el conflicto armado a través de los nuevos Contratos Plan para la Paz.

Su origen  

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos" estableció la figura de los Contratos Plan como un instrumento fundamental en el proceso de articulación de recursos y acciones entre los distintos niveles de gobierno. Así mismo la Ley de Ordenamiento Territorial (1454) los definió como el mecanismo ideal para logar la asociatividad  territorial.

La experiencia de los países en los cuales se ha implementado, Inglaterra, España y Francia, demuestra que los Contratos Plan han propiciado dinámicas de desarrollo territorial con realizaciones que responden a los intereses de los Gobiernos nacionales y locales.

Este modelo de política pública, que se creó hace 32 años en Francia a través de los llamados  Contratos Plan Estado-Regiones, se adoptó en Colombia hace  cinco años. Desde entonces se ha convertido en una de las principales estrategias de las que dispone el Gobierno nacional para la redistribución de la riqueza y el desarrollo económico y social en las regiones.

Logros

En un principio para la academia, los medios de comunicación, los analistas y los centros de investigación la expresión Contratos Plan no significaba mucho, pero hoy en día una gran parte de ellos la asocian con inversiones en colegios, hospitales, vías, acueductos, centros deportivos, redes eléctricas, agroindustria, viviendas y turismo. 

En apenas un lustro se han canalizado recursos por $14,3 billones, que  benefician a los habitantes de los  departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Cauca, Choco, Antioquia, Córdoba, Arauca y Nariño. Pero ha sido tal el impacto de los Contratas Plan en las regiones que el Gobierno nacional determinó  extender los beneficios de esta herramienta a todas las zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.

Un centenar de municipios del país que durante los últimos 30 años fueron severamente golpeados por la guerra interna, y donde los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes, se beneficiarán de inversiones por un poco más de $10 billones a través de una segunda generación de Contratos Plan, ahora denominada Contratos Plan para la Paz.

 Con los Contratos Plan para la Paz se dará lugar a un renacer de comunidades que han estado sumidas en la violencia y el conflicto, haciendo de la inversión pública un instrumento eficiente para la superación de la pobreza y el cierre de brechas entre las regiones del país.

Montes de María, primer beneficiario de los Contratos Paz

El primer Contrato Plan para la Paz, de los nueve que está estructurando el Departamento Nacional de Planeación (DNP),  se implementará en los Montes de María, esa emblemática región ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre, azotada hasta hace muy poco por la violencia. Los restantes ocho Contratos Plan para la Paz se ejecutarán en Norte de Santander, especialmente la región de El Catatumbo, en los departamentos de Meta-Caquetá-Guaviare, Putumayo, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Huila y La Guajira.

De la ley de ordenamiento territorial al Conpes 3822

La figura de los  Contratos Plan que se enmarca en las leyes 1450 y 1454 de 2011, tiene como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, permitiendo a las entidades u organismos del nivel nacional suscribirlos con las entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos territoriales.

Esta herramienta, que se creó en Francia en 1984, donde se denominó Contratos Plan Estado-Regiones, fue traída al país en 2011 cuando se  incorporó en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).  Posteriormente se insertó  en los Planes de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018 de los gobiernos Santos; finalmente se reglamentó y amplió  en el Documento Conpes 3822 del 22 de diciembre de 2014.

En mayo de 2016 y en el marco de la paz y el posconflicto la administración Santos  determinó rebautizar los Contratos Plan del DNP con el nombre de Contratos Plan para la Paz, así los convirtió en una poderosa herramienta de gestión de la inversión pública para que permita la focalización y la convergencia de los diferentes niveles de gobierno en la reconstrucción de los territorios donde la violencia destruyo la institucionalidad pública retrasando el desarrollo.​

Un  instrumento crucial

Un Contrato Plan para la Paz es un instrumento de planeación para el desarrollo territorial que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre los diferentes niveles de gobierno. Se estructura alrededor de una visión compartida de desarrollo regional, a partir de la cual se define un eje estratégico central. Este eje funciona como articulador de las apuestas territoriales, nacionales y sectoriales identificadas como prioritarias en los planes de desarrollo respectivos. De esta manera, los Contratos Plan para la Paz  buscan la coordinación interinstitucional e intergubernamental con los diferentes entes territoriales en pro del desarrollo regional.

Los Contratos Plan para la Paz son cruciales para la identificación de temas estratégicos para el desarrollo integral y mancomunado de la población y el territorio con enfoque de largo plazo, centrándose en los siguientes objetivos: a) la coordinación y coherencia entre las prioridades estratégicas del Gobierno nacional con las políticas regionales y locales formuladas en torno a una visión de desarrollo; b) la ejecución concertada de programas y proyectos de inversión, la prestación de servicios públicos y el ejercicio de competencias y funciones que de manera conjunta realicen los territorios.

Esta herramienta de descentralización no puede ser confundida con una "nueva fuente de financiación para proyectos de inversión". Por lo tanto, durante el proceso de identificación de las prioridades estratégicas de desarrollo regional, cada nivel de gobierno también debe establecer sus posibles fuentes de financiación, lo cual conduce a un ejercicio de articulación de recursos donde todos los actores involucrados deben comprometerse con un aporte en la medida de sus posibilidades.

​Una experiencia enriquecedora

La experiencia de los siete pilotos de la primera fase de los Contratos Plan (Atrato Gran Darién, Boyacá, Santander, Sur del Tolima, Cauca, Arauca y Nariño) ha permitido enriquecer la visión del instrumento, visualizar nuevas oportunidades de inversión con alto contenido social y económico, detectar algunas fallas para introducir correcciones, percibir el interés de los diferentes públicos objetivo y generar una cultura de interacción más dinámica entre los diferentes niveles de la administración, tanto nacional como regional y local.

Al hacer una evaluación de los resultados del instrumento, los indicadores mostraron la necesidad de ampliar el número de territorios beneficiarios; pero, a la vez, hubo coincidencias en algo muy importante: reducir la cantidad de proyectos y concentrarse en aquellos de alto impacto social; es decir, en iniciativas capaces de transformar la vida de las comunidades.

De ahí surgió la idea de expandir el instrumento y de introducir una serie de ajustes que permitieran avanzar en los procesos de coordinación, mejorar los mecanismos de eficiencia y fortalecer la participación de los ministerios, entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías, junto con  organismos locales y regionales.

Fue así como el 22 de diciembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el Documento Conpes 3822 que permitió aumentar en 10 el número de Contratos Plan y reducir la dispersión de proyectos, de tal forma que las inversiones se concentrarán en obras de gran magnitud, con alto impacto social y económico. ​

​​​El Fondo de los Contratos

La creación del Fondo Regional para los Contratos Plan en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"  fue un claro espaldarazo del Congreso y el Gobierno Nacional a esta herramienta de gestión del desarrollo territorial.

La inversión a través de los Contratos Plan tiene un significativo impacto transformador en las regiones. Además afianza el proceso de priorización, programación y asignación de los recursos públicos.

Es por esto que para continuar con el fortalecimiento de esta herramienta, en el artículo 199 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se creó el Fondo Regional para los Contratos Plan como un instrumento de gestión para facilitar la ejecución de los proyectos incluidos en esta estrategia de inversión territorial.

La ley del Plan precisó que se trata de un fondo de naturaleza especial. Una cuenta sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. El Fondo empezó desde 2016 a ser administrada por Fonade, entidad financiera del orden nacional, con participación estatal.

El Fondo está constituido con los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación que en él concurran y sus recursos se destinan al cumplimiento de los acuerdos, objetivos, metas y resultados convenidos en cada Contrato Plan.

Allí se precisa que los dineros diferentes a los provenientes del Presupuesto General de la Nación, ingresarán en calidad de depósito y se ejecutarán conforme a los mecanismos que se acuerden para cada caso, en subcuentas separadas por cada Contrato Plan.

Focalización de los Contratos

Otros ajustes a los Contratos Plan incluidos en el documento CONPES, están relacionados con la focalización de los ejes programáticos, toda vez que la experiencia revela una gran dispersión de proyectos. El propósito es reducir la cantidad de iniciativas y concentrarse en aquellos de alto impacto social que permitan reducir la pobreza.

Con el reenfoque en la destinación de los recursos de los Contratos Plan se busca consolidar las tendencias de crecimiento de la economía colombiana y contrarrestar la inequidad y el atraso en el desarrollo regional. El objetivo es conectar las políticas públicas para que la inversión tenga un impacto transformador en las regiones.

Con los nuevos Contratos Plan se pretende reducir el número de proyectos pequeños que  se financian con otros instrumentos de política institucional. La idea no es sustituir inversiones sino complementar las que requieran un mayor esfuerzo fiscal, incluso con aportes del sector privado.

Los departamentos que en adelanta suscriban un Contrato Plan deberán armonizar sus inversiones a las categorías programáticas elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y el Sistema General de Regalías (SGR) para, posteriormente, de común acuerdo con la Nación, identificar los proyectos elegibles en función de estas categorías.

El Conpes 3822 fijó los lineamientos de política que definen el alcance y la aplicación  para focalizar las inversiones de los Contratos Plan en tres dimensiones claves: focalización geográfica, temática y sectorial, y focalización programática.​

Focalización geográfica

La experiencia de los siete pilotos permite concluir que la aplicación de los Contratos Plan en entornos geográficos distintos al departamental requiere de un tratamiento diferencial. Si bien se focalizarán, principalmente, en el departamento como unidad de intervención, buscando aprovechar su potencial como instancia intermedia de planeación y gestión, el Gobierno nacional, a través del DNP, podrá desarrollar Contratos Plan con grupos de entidades territoriales, cuando se demuestren las condiciones de operatividad y sostenibilidad del esquema. 

En ese sentido, al articular las intervenciones dentro de un  departamento o de grupos de municipios o departamentos, se buscará potenciar su capacidad para armonizar la planeación y la asignación de recursos con las prioridades del desarrollo de las regiones de las cuales hacen  parte e, igualmente, de sus subregiones, materializando así el enfoque territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Lo anterior, tiene el propósito de fortalecer la orientación estratégica del gasto entre los diferentes niveles de gobierno, al tiempo que favorece la gobernanza multinivel a través de mejor  alineación de objetivos, priorización y coordinación de acciones territorialmente. 

Asimismo, el enfoque más departamental permitirá contar con un único mecanismo de gestión de los recursos que haga operativo y más ágil  el esquema, evitando la fragmentación de los procesos y acciones, y facilitando su ejecución. De otro lado, se fortalecerá la inclusión geográfica y poblacional al incorporar no solo una fracción de los departamentos, sino que también las acciones priorizadas enfatizarán intervenciones en las áreas y subregiones que evidencien mayores rezagos o donde las inversiones anticipen mayores impactos. 

Focalización temática y sectorial

Los Contratos Plan no pueden sustituir, ni entrar en competencia con, los demás instrumentos de priorización y gestión de la inversión;  por lo contrario, deben ser estrictamente complementarios.  Con ese propósito, se focalizarán temática y sectorialmente centrando su atención en las inversiones de infraestructura social e infraestructura económica, además del fortalecimiento institucional de las entidades territoriales.

Las acciones estarán dirigidas a sectores en los cuales actualmente se concentran las inversiones de regalías y donde es necesario mejorar su calidad, debido a los rezagos que evidencian las entidades territoriales. También se dirigirán al fortalecimiento institucional para asegurar una  gestión mejor de las inversiones sectoriales por parte de las entidades territoriales. Lo anterior  permitirá complementar y no duplicar o sustituir las intervenciones de los sectores, permitiendo a su vez incentivar los a participar del instrumento.

Focalización programática

Los Contratos Plan son un instrumento que permitirá llevar a la práctica una visión presupuestal moderna, orientada a resultados, en la cual se vinculen  de manera directa los procesos de planeación, elaboración de presupuesto, seguimiento y evaluación.

Esta visión descrita, ya incorporada en la construcción del Plan de Inversiones del PND 2014-2018 y en las disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2015-2016, permitirá armonizar las prioridades de inversión definidas por las entidades territoriales a través de sus distintos instrumentos de planeación (planes de desarrollo y planes de ordenamiento, entre otros) con los de la Nación (PND) y los sectores (planes maestros), de tal manera que no solo se garantice  la concurrencia de las distintas fuentes de recursos al logro de las metas trazadas en el PND, sino también la medición de sus resultados.

 Estructura de financiación

La vocación natural de los Contratos Plan radica en aglomerar recursos de inversión provenientes de diversas fuentes nacionales y territoriales. Esto significa que sus recursos de inversión no son en sí mismos una fuente de financiación adicional sino que, por el contrario, constituyen principalmente la articulación de otras fuentes ya existentes, hacia finalidades programáticas específicas consensuadas entre la Nación y el territorio.

No obstante sí implican mayor disponibilidad de recursos para los sectores y programas objeto del Contrato Plan ya que, de una parte, el cierre financiero proviene de nuevos recursos de la Nación aportados a través del DNP, y de otra, permiten la canalización de inversiones que en otras condiciones se dirigirían hacia otros usos.

Se prevé que la Nación contribuya con un aporte máximo de hasta un 60% de las inversiones, al tiempo que las entidades territoriales deberán concurrir con el 40% restante.   

Las inversiones deberán ser verificables y en todos los casos contarán con metas de gestión y resultados los cuales serán monitoreados y evaluados periódicamente. Igualmente, el Gobierno nacional podrá condicionar la asignación de recursos a la incorporación de reformas institucionales por parte de las entidades territoriales, en áreas por acordar entre las partes, en especial en aquellos temas priorizados para el fortalecimiento institucional de las instancias subnacionales.​










Imprimir Comparte esta publicación Compartir en Facebook Compartir en Twitter
Número de visitas:
25.889.617
“Este Portal Web está diseñado para funcionar correctamente en IE 8.0+, Firefox 31+, Google Chrome 36+, Safari 5+ y/o Opera 24+”